BAKERSFIELD – Las fundaciones de la ACLU del sur y el norte de California y los co-asesores Willkie Farr & Gallagher LLP y Martínez Aguilasocho Law, Inc. presentaron una demanda hoy contra el condado de Kern y el Tribunal Superior del condado de Kern por negar sistemáticamente a acusados pobres de delitos menores sus derechos constitucionales a un abogado y debido y adecuado proceso legal. La demanda se presentó en nombre de la Fundación UFW y tres residentes del condado de Kern. 

La demanda describe una fábrica de declaraciones de culpabilidad acelerada en la que los agentes de libertad vigilada desempeñan un papel de acusación muy por fuera de su autoridad legal, haciendo ofertas de declaración de culpabilidad a los acusados pobres a puerta cerrada, generalmente sin la presencia de un abogado defensor o fiscales. Luego, los jueces aceptan estas declaraciones de culpabilidad sin asesoramiento en las lecturas de cargos que a menudo duran menos de tres minutos. 

“Cuando estuve ante en el Tribunal Superior del Condado de Kern en 2021, estaba en mi punto más bajo. Estaba abrumada y confundida, y no estaba recibiendo la atención física o mental que necesitaba en la cárcel”, dijo la demandante Laura Hart, quien se declaró culpable sin asesoramiento en su primera comparecencia ante el tribunal. “Cuando me declaré culpable, no había ningún abogado allí para ayudarme o defenderme en un momento en que no podía defenderme por mí mismo”. 

Solo unas semanas después, otro juez de otro tribunal consideró que la Sra. Hart no era competente para ser juzgada. 

“Los derechos a un abogado y al debido y adecuado proceso legal son pilares fundamentales de nuestro sistema legal”, dijo Emi MacLean, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California. “El condado de Kern no puede continuar negando a los acusados sus derechos fundamentales para ahorrar recursos y garantizar condenas rápidas”. 

Menos del 5% de los acusados de delitos menores en Kern estuvieron representados por un abogado en su lectura de cargos. Sin embargo, aproximadamente el 60% de todos los acusados se declaran culpables en su primera comparecencia ante el tribunal. 

Ciertos grupos de personas son más vulnerables a las presiones de la fábrica de alegatos. Los acusados afroamericanos se declaran culpables sin asesoramiento a una tasa que duplica la proporción de la población total del condado. Los acusados latinos y las personas que dependen de intérpretes también tienen más probabilidades que los acusados blancos de declararse culpables sin asesoramiento. 

“Los acusados inmigrantes se encuentran entre aquellos a los que habitualmente no se les otorga su derecho constitucional a un abogado y se les obliga a aceptar declaraciones sin abogado”, dijo Ambar Tovar, abogada de la Fundación UFW, uno de los demandantes en el caso. “Nuestro sistema de justicia le está fallando a nuestra comunidad inmigrante, lo que contribuye a la separación de familias y agrava las dificultades económicas. La justicia debe estar disponible para todos, y no para unos pocos elegidos”. 

Los demandantes solicitan al tribunal que declare estas prácticas inconstitucionales e ilegales, y que garantice consultas individuales con abogados para todos los acusados en los procedimientos de lectura de cargos. La demanda también le pide al tribunal que prohíba al condado de Kern confiar en los agentes de libertad vigilada para transmitir ofertas de declaración de culpabilidad y garantizar el acceso público a estos procedimientos. 

“Lo que está sucediendo en el condado de Kern causa daños devastadores”, dijo Eduardo E. Santacana, socio de Willkie Farr & Gallagher LLP, abogado adjunto de los demandantes. “No es solo la gran cantidad de condenas sin asesoramiento. En cuestión de minutos, en audiencias en las que los acusados no tienen un abogado a su lado, los no ciudadanos pueden perder protecciones migratorias clave, los padres pueden poner en peligro la custodia de sus hijos y las personas pueden perder su derecho a conducir”. 

El año pasado, un grupo de expertos a nivel estatal, el Comité de Revisión del Código Penal de California, reconoció el problema del acceso inadecuado a un abogado en las lecturas de cargos, y recomendó una reforma legislativa. Actualmente existe la propuesta de ley, AB 1209, que requeriría representación legal antes de una primera comparecencia ante el tribunal. 

Lea la denuncia: https://www.aclusocal.org/sites/default/files/2023.05.08_filed_kern_misdemeanor_plea_mill_petition_and_complaint.pdf 

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